Concepto

Concepto de Prisioneras y Prisioneros Políticos

La condición o status de Prisioneros/as Políticos/as la tienen quienes son privados/as de la libertad por un Estado que les considera su enemigo. Es por ello que, conforme a la experiencia colombiana, identificamos como prisioneros/as políticos/as tanto a civiles como a combatientes insurgentes en las siguientes categorías:

1. Prisioneros Políticos de Guerra: opositores políticos alzados en armas ejerciendo el derecho universal a la rebelión ante la tiranía.

2. Prisioneros Políticos de Conciencia: opositores políticos y/o pensadores críticos no alzados en armas o ciudadanos que han ejercido la protesta social y por ello han sido acusados judicializados y hasta condenados.

3. Prisioneros Políticos Victimas de Montaje Judicial – Falsos Positivos Judiciales: pobladores de zonas afectadas por la guerra acusados de pertenecer a la guerrilla sin serlo.

Referencia histórica de la existencia de Prisioneros Políticos en Colombia


Como dato histórico hay que resaltar que el primer prisionero político en el país fue Antonio Nariño, encarcelado en 1794 por traducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, prueba que la represión estatal se ha extendido tanto al oponente armado como a discrepante no armado, para quienes se guardaba desde la pena de muerte hasta la prisión por 2 años y el destierro.

Durante el siglo XIX, la práctica de las detenciones masivas y arbitrarias fue una constante, las prisiones se caracterizaron por estar habitadas de prisioneros políticos que contaron con la solidaridad constante de los obreros de la fábrica de Bavaria, ya que sin ninguna garantía del debido proceso eran sometidos a la ejecución inmediata, la aplicación de la ley de fuga o la ejecución publica con fines de escarmiento, entre otros actos de violencia estatal; por ello, la consigna de los presos comunes era “no me maltrate, nos soy un prisionero político”. Esta situación de violencia, radicalizó el apoyo de la sociedad hacia los prisioneros políticos que incluso se vio reflejada hasta en la facilitación de fugas como la del 23 de octubre de 1900, donde los obreros de Bavaria fingieron una riña al lado del panóptico para distraer a los guardias y facilitar la fuga de 56 prisioneros.

Para 1984 existían 30.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 300 eran prisioneros políticos, y a partir del primer periodo de Álvaro Uribe (2002-2006) esta cifra se incrementó a 6.332, producto la práctica sistemática de detenciones masivas y arbitrarias realizadas por el ejército y la policía a nivel nacional y promovidas por el primer mandatario. A pesar que la modalidad masiva cambió, las detenciones arbitrarias se han seguido perpetuando, estimando la existencia de alrededor de 9.000 personas privadas de la libertad por motivos políticos, frente a las cuales el Estado ha reconocido aproximadamente 3.000 asociadas al alzamiento en armas.

Así como el conflicto, la existencia de prisioneras y prisioneros políticos ha sido negada durante décadas, especialmente en los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe. Sin embargo, en el entendido que las prisioneras y prisioneros políticos son consecuencia del conflicto, durante el gobierno de Juan Manuel Santos han habido avances significativos que abren luces para resolver la situación de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, tal como lo enuncia el Acuerdo General de la Habana suscrito entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.