JULIO 2017

En solidaridad con los prisioneros políticos

Desde el pasado 20 al 25 de junio tuve la oportunidad de participar en una misión de derechos humanos a Colombia organizada por la Fundación Lazos de Dignidad y la Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos y las victimas de la prisión política.

Una de las actividades que realizamos fue visitar a llos prisioneros políticos del pabellón 6 de la cárcel de Chiquinquirá que en este momento se encuentran en huelga de hambre, al igual que otros 1500 prisioneros políticos en diferentes cárceles de Colombia. Su demanda es el inmediato cumplimiento de la ley 1820 de 20016 de Amnistia e Indulto. Esta ley los dejaría en libertad de nuevo. Sin embargo los jueces de manera arbitraria, con odio y venganza se niegan a aplicar la ley. Los prisioneros políticos son miembros de las FARC-EP que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y el pasado mes de junio entregaron sus armas a las Naciones Unidas. Hoy la única arma que quieren usar es la palabra, es necesario decir que las FARC-EP quieren transformarse en un movimiento político legal y desde allí continuar luchando por una Colombia mas justa.

Visitamos las Zonas Veredales Transitorias de Normalización “Mariana Páez” y “Simón Trinidad” ubicadas en el municipio de Mesetas en el departamento del Meta, en las montañas colombianas. En la primera se encuentra la guerrilla y el la otra un grupo de prisioneros políticos que deben concentrarse allí en concordancia con el acuerdo de Paz. L Ambas Zonas de Concentración están en proceso y transición hacia una normalización definitiva.

Recuerdo que conocimos a Christian Delgado, miembro de la comisión de derechos humanos de la Marcha Patriótica, el nos dijo que ¨como resultado de los diálogos y la firma del acuerdo final de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, hubo un descenso en las violaciones los derechos humanos relacionadas con el conflicto¨ sin embargo, expresaba que ¨los asesinatos de lideres sociales y defensores de derechos humanos continuaban¨.

Un día antes de esta reunión el líder sindical Mauricio Vélez fue asesinado en el Cauca, Colombia y durante el año 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Christian también nos dijo que desde el 2012 hasta ahora 136 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados. También hizo énfasis en que el conflicto dejo alrededor de 7 millones de desplazados según miembros de UNHCR.

Recordemos también que el informe ¨Bata Yá Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad¨ señalaba que el conflicto armado dejo 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidos en el periodo entre 1958 y 2012. El 82% de las victimas fueron civiles.

LA ESCUELA DE LAS AMERICAS

Esta no es la primera vez que vistamos Colombia, hace 10 años, en 2007, junto con Lisa Sullivan, Linda Panneta y Roy Bourgeois estuvimos en este país que históricamente ha sido el país en enviar mas soldados a la Escuela de las Américas- el país se ha convertido en el mayor violador de derechos humanos en nuestro continente.

Ese año tratamos de reunirnos con el Ministro de Defensa, actual presidente de Colombia, Juna Manuel Santos para pedirle que dejara de enviar soldados a la Escuela de la Américas. El no quiso recibirnos.

En un reporte titulado “El auge y la caída de los asesinatos de los Falsos Positivos en Colombia: El papel de la ayuda militar de los EEUU, 2000 – 2010”encontró una relación positiva entre los oficiales que recibieron ayuda y entrenamiento de los EEUU y la realización de los asesinatos extrajudiciales. Existieron miles de ejecuciones extrajudiciales en Colombia antes del inicio de los diálogos de Paz, incluso en estos también llamados falsos positivos los civiles asesinados eran vestidos como guerrilleros y declarados como bajas en combate.

No puedo olvidar los testimonios que oímos de parte de los miembros de el Movimiento Nacional de Victimas en Colombia. Entre ellos el testimonio de Iván Cepeda que nos conto que su padre Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994 y otros miles de miembros de la Unión Patriótica (UP)fueron exterminados durante los diálogos de paz entre el presidente Belisario Betancourt y las FARC-EP.

Esperamos que hoy esa historia no se repita y que el gobierno colombiano garantice el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la seguridad de quienes depongan sus armas para avanzar hacia una lucha política, es hora de liberar a los prisioneros políticos en Colombia y darle a la Paz una oportunidad.
En solidaridad
Pablo Ruiz
SOAWatch

Supporter,
This past June 20 to 25, I had the opportunity to participate in a Human Rights Mission to Colombia organized by Fundación Lazos de Dignidad and the Coordination for Human Rights in the Americas.

Among the activities we carried out was the visit to political prisoners of the Sixth Pavilion in the Chiquinquirá prison, whom today are staging a hunger strike, alongside over 1,500 organized political prisoners in different jails throughout Colombia. They demand the fulfillment of Law 1820, or the Amnesty and Pardon Law. This law will allow them to be free again. However, the judges arbitrarily, by hate and revenge, refuse to apply the law.

The political prisoners are members of the FARC-EP that signed the Peace Accords with the Colombian government, whom last June handed in the the UN their remaining arms. Today, the only arm they wish to hold onto is their word. It is necessary to say that the FARC-EP wants to transform itself into a movement or legal political group, and from there it will continue to fight for a more just Colombia.

At the Chiquinquirá Prison with the FARC-EP political prisoners We visited the “Mariana Páez” and “Simón Trinidad” Concentration Zones located in Buenavista, of the Mesetas Municipality, in the Meta department located in the Colombian mountains. On one side there are the guerrillas, and on the other, a group of political prisoners that have been brought to this place in compliance with the Peace Accords. Both Concentration Zones are in the process and transition towards a definitive standardization.

I remember that we met with Cristian Delgado, member of the Human Rights Commission of Marcha Patriotica, who told us that “as a result of the peace talks and the signing of the final agreement between the national government and the FARC-EP, there has been a decrease in human rights violations in relation to the conflict”. Nevertheless, he expressed that “killings of social leaders and human rights defenders continue”.

One day before this meeting, union leader Mauricio Vélez López had been murdered in Cauca, Colombia, and so far this year more than 63 human rights defenders have been murdered. Cristian also told us that since its founding in 2012 to the present, 136 members of Marcha Patriótica have been murdered. He also pointed out that the conflict left more than 7 million internally displaced persons according to UNHCR figures.

Let us also remember that the report “¡Basta ya! Colombia: Memories of War and Dignity” points out that the armed conflict left at least 220,000 people killed and 25,000 disappeared in the period between 1958 and 2012. 82% of the victims were civilians.

The School of the Americas

This is not the first time we visited Colombia. 10 years ago, in 2007, alongside Lisa Sullivan, Linda Panneta and Roy Bourgeois, we were in this country that has historically been the country to send more soldiers to the School of the Americas than any other country - a country that has committed the highest number of human rights violations on our continent. That year we tried to meet with the then Minister of Defense, the current president of Colombia, Juan Manuel Santos, to ask him to stop sending soldiers to the School of the Americas. We were not received.

A FOR report entitled “The Rise and Fall of False Positive Killings in Colombia: The Role of U.S. Military Assistance, 2000-2010” found a positive correlation between units and officers that received U.S. assistance and training, and the commission of extrajudicial killings. There were thousands of extrajudicial executions in Colombia before the beginning of the peace talks, including so-called "false positives" where civilians were killed, dressed in guerrilla uniforms and later declared "combat kills".

I cannot forget the testimonies we heard then from members of the Colombia National Victims Movement. Among them, the testimony of Iván Cepeda who reported that his father Manuel had been killed in 1994 and that thousands of members of the Patriotic Union (UP) were exterminated during the peace talks between the government of Belisario Betancur and the FARC-EP.

We hope today that this story will not be repeated and that the Colombian government will ensure compliance with the Peace Accords and the safety of those who lay down their arms to move on towards a political struggle. It is time to free political prisoners in Colombia and give peace a chance.

In solidarity,
Pablo Ruiz
SOAWatch